En un esfuerzo por mejorar la eficiencia, la transparencia y la legitimidad democrática del sistema judicial, México busca implementar una serie de reformas significativas en su Poder Judicial. Estas reformas, buscan transformar la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos judiciales. A continuación, se detallan los cambios más destacados.
Reducción y Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sufrirá una reducción en el número de Ministros, pasando de 11 a 9. Además, se reducirá el periodo de sus encargos de 15 a 12 años. Este cambio incluye la eliminación de las dos Salas, estableciendo que la Corte sesionará únicamente en Pleno y sus sesiones serán públicas. También se eliminará la pensión vitalicia para Ministros actuales y futuros, y sus remuneraciones se ajustarán al tope máximo establecido para el Presidente de la República.
Elección Popular de Jueces y Magistrados
Uno de los cambios más radicales es la elección por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces. A partir de 2025, estos funcionarios serán elegidos en elecciones ordinarias nacionales y locales. Las candidaturas serán propuestas por los tres Poderes de la Unión, y el Senado verificará el cumplimiento de los requisitos legales. Las campañas durarán 60 días y estarán libres de financiamiento público o privado, limitándose a tiempos de radio y televisión y participación en foros de debate. En caso de ausencia definitiva, el Senado designará interinos.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal
El Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado por órganos administrativos y disciplinarios independientes, integrados por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años. Este nuevo consejo tendrá la facultad de recibir denuncias e investigar actos contrarios a la ley, corrupción, nepotismo, y otras faltas graves, con sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución.
Nuevas Reglas Procesales
Las reformas también introducen nuevas reglas procesales para garantizar una justicia expedita. Se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales, con medidas para investigar y sancionar demoras injustificadas. Además, se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos y controversias constitucionales.
Reforma a los Poderes Judiciales Locales
Finalmente, los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Los fideicomisos del Poder Judicial, una vez concluidos los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Con estas reformas, México busca fortalecer su sistema judicial, promoviendo una mayor transparencia, eficiencia y legitimidad democrática en la impartición de justicia.
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